Los hechos ocurrieron a las 8 de la noche, dando cómo resultado la captura de dos personas.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, enfatizó que atacar los bienes públicos no es un juego y que quienes cometen actos vandálicos deben enfrentar las consecuencias legales. Este tipo de vandalismo está tipificado en el artículo 265 del Código Penal como daño en bien ajeno, mueble o inmueble, con penas que oscilan entre 1 y 7 años de prisión, además de multas que van desde 6 hasta 37 salarios mínimos legales vigentes.
Carlos Granados, director del Instituto de Tránsito del Atlántico, destacó la importancia de estos sistemas tecnológicos para el control vial, ya que permiten detectar conductores que no cumplen con el SOAT y la revisión técnico-mecánica, además de monitorear en tiempo real el comportamiento de los conductores, incluyendo el exceso de velocidad. Granados también advirtió que este tipo de acciones vandálicas no solo son un delito grave, sino que también fomentan la mala conducta en las vías y ponen en riesgo la seguridad de todos los usuarios.
La cámara dañada es un equipo especializado de alta gama, modelo TP-50 UPS, que cuenta con infraestructura eléctrica y capacidad para identificar si los vehículos cumplen con los requisitos legales, como el seguro obligatorio y la revisión técnico-mecánica. Este incidente subraya la importancia de proteger la infraestructura pública y los sistemas de vigilancia que contribuyen a la seguridad vial en el departamento del Atlántico.
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