Imágenes de Vokaribe Radio emisora comunitaria de Barranquilla.
El Consejo de Estado decretó medida cautelar de suspensión provisional contra el pago de pauta publicitaria a medios alternativo que obligaba a todas las entidades del orden nacional a destinar 33,3 % de su presupuesto de pauta oficial a medios comunitarios y alternativos.
El alto tribunal concluyó que la directiva vulnera principios esenciales del Estatuto General de Contratación Pública, por desconocer los principios de igualdad y libre competencia, al otorgar ventajas o privilegios no justificados a determinadas personas o grupos.
La demanda fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho la Vulneración de la contratación pública, la directiva desconocía principios del Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993), como igualdad y libre competencia, pues imponía una ventaja obligatoria a un grupo de oferentes.
La violación del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), este prohíbe fijar porcentajes obligatorios que direccionen el gasto público hacia determinados proveedores, ya que eso limita la transparencia.
El decreto convertía lo que debía ser una política de promoción en una obligación rígida, afectando la pluralidad de oferentes.
El Gobierno había defendido la medida como un mecanismo para democratizar la pauta y fortalecer medios comunitarios frente a la concentración en grandes conglomerados. Sin embargo, surgieron denuncias de que la pauta estatal estaba usándose para financiar actividades como:
- Encuentros con influenciadores afines al gobierno,
- Viáticos y contratos de publicidad cuestionados,
- Distribución selectiva en actores cercanos políticamente.
Tras conocerse la suspensión, Petro criticó fuertemente al Consejo de Estado, alegando que con el fallo se protege la concentración de la pauta en medios tradicionales y se bloquea la apertura hacia los comunitarios y alternativos.
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